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viernes, 24 de febrero de 2012

Declaración de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en relación al derrame petrolero en el río Guarapiche, Estado Monagas


La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en atención
a lo dispuesto en los literales f y j del artículo 4 de su ley de creación y al
contenido del artículo 2 de su reglamento, expresa su interés y
preocupación por conocer con rigurosidad científica la magnitud que
alcanzó y los efectos que pudiera tener sobre la población afectada y el
sistema ecológico el derrame de petróleo ocurrido en el río Guarapiche,
cuenca del río San Juan, en fecha 4 de febrero de 2012 y del cual ha
tenido noticia a través de los medios de comunicación públicos y privados.
La Academia considera preocupante que los órganos del Estado
responsables de las operaciones petroleras, de la salud pública, de la
seguridad laboral y del ambiente, no hayan presentado, hasta el
momento, una evaluación del hecho acaecido y de sus consecuencias.
Esta evaluación inicial debe ser el punto de partida de una consideración
justa e imparcial de la evolución del suceso, con carácter retrospectivo
elaborada conforme a severos protocolos.
La Academia, dispone de piezas de información, provenientes del trabajo
de investigación periodística, reportajes, relatos, declaraciones de diverso
orden, efectuadas por autoridades, expertos, la comunidad local y la
comunidad afectada por las consecuencias, que consideradas en
conjunto dan cuenta de opiniones diversas y percepciones de evaluación
diferentes. De esas informaciones considera que las imágenes difundidas
por los medios de comunicación social sobre la manera como algunas
personas participaron en las tareas de control del derrame son alarmantes
por el daño que esto puede causar a su salud, razón por la cual considera
indispensable solicitar los estudios clínicos necesarios para garantizar la
salud de quienes trabajaron en las condiciones evidenciadas en las
imágenes referidas
La Academia enfatiza su preocupación sobre los posibles daños
ambientales, debido a su conocimiento del valor ecológico del sistema
hidrográfico comprometido.
De hecho la cuenca del río San Juan puede definirse como una isla
ecológica. En ella habitan comunidades a quienes debe garantizarse que
su agua de consumo esté en condiciones de uso sin afectaciones a la
salud inmediatas o a largo plazo y que igualmente puedan hacer uso
alimentario de la fauna íctica sin deterioro a su salud o que sometidas a la
imposibilidad de usar ambos recursos o alguno de ellos, se garantice su
adecuada suplencia con suficiencia y oportunidad.
Desde el punto de vista ecológico, la Academia informa que esta cuenca
es un centro de gran importancia ictiogeográfica y evolutiva de la
ictiofauna continental (Mago, 1970, 1978; Lasso et al, 2010). Doscientas
dieciocho (218) especies de peces habitan en ella y muchas de ellas se
encuentran solamente señaladas para estos ríos.
Además, existen por lo menos cuatro especies endémicas (únicas en el
mundo): Bryconamericus yokiae, Creagrutus hysginus, Chaetostoma
venezuelae y Farlowella venezuelensis descritas para esta cuenca.
La vegetación ribereña de los ríos de la cuenca del San Juan está
compuesta por diferentes estructuras que incluye Bosques de Galería, de
Piedemonte, Morichales, y Bosques Siempre Verdes de Pantano en la
zona continental y un bosque de manglar en su desembocadura en el
Golfo de Paria. Cada una de estas comunidades vegetales tiene sus
particularidades e importancia biológica tanto como en componentes de
biodiversidad como su uso como alimento, refugio y protección la fauna
silvestre.
Los Artículos 127,128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela indican entre otros aspectos que toda persona tiene
derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un
ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Garantizan que el
Estado protegerá al ambiente, la diversidad biológica, genética, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y
demás áreas de especial importancia ecológica. Establecen, además, que
la conservación de equilibrio ecológico es obligación expresa de cualquier
persona natural o jurídica que realice actividades que puedan afectar los
recursos naturales. En ellos, la Constitución reconoce que la naturaleza
holística del ambiente al referirse a los estudios de impacto ambiental y
socio cultural.
Atendiendo a esa última disposición la Academia considera necesario
realizar una evaluación científica del impacto social que este derrame
haya podido causar, de la afectación que pudiese haber ocurrido a la
biodiversidad del sistema hidrográfico, asi como a la calidad del agua
para su uso como tipo 1-A o 1-B, de acuerdo a lo previsto en el articulo 3
del Decreto No 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la
Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos.
Esta evaluación de carácter retrospectivo, debe medir la magnitud del
daño ocurrido, conocer los mecanismos como se materializó y dar pautas
para establecer medidas compensatorias justas, a la vez que dictar
normas que procuren evitar sucesos indeseados como el sucedido. Ella
debe ser una investigación exhaustiva, independiente de las instituciones,
directa o indirectamente involucradas, que cuente con su buena
disposición y colaboración..
La Academia convencida de que las autoridades nacionales determinaran
la pertinencia de esta evaluación, tal como se hizo en el caso de otros
eventos de significación ocurridos en el territorio nacional, como la
inundación del río Limón o el deslave de Vargas, ofrece sus buenos
oficios para promover, de común acuerdo con los organismos
gubernamentales competentes, las investigaciones técnicas y científicas
que se consideren pertinentes con el concurso de las universidades
nacionales, institutos y centros de investigación expertos en el tema.
La Academia con la convicción de actuar en la defensa del patrimonio
natural de la nación y del derecho a un ambiente seguro, sano y
ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 127 de la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela exhorta al
Ejecutivo Nacional a patrocinar la realización de estos estudios y las
evaluaciones necesarias y su difusión a la comunidad nacional de modo
de orientar el debido accionar ante situaciones como estas.
Claudio Bifano
Antonio Machado Allison
Presidente y Secretario
Caracas, 22 de Febrero 2012

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