Venezuela, luego de abstenerse de su adhesión durante varios años, suscribió en 2004 el Protocolo de Kyoto, acuerdo internacional cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases contaminantes. Por fin lo ratificó y se alineó con la tendencia ambientalista de los llamados países progresistas. En este pacto, los países industrializados acuerdan reducir sus emisiones en 5,32% del 2008 al 2012, no obstante la significativa ausencia del más contaminante de ellos -Estados Unidos de América- y sin imponerle cuotas de reducción de emisiones a los países subdesarrollados. Nuestro país se comprometió, así, a utilizar energías menos contaminantes y realizar un inventario de los sumideros de carbono (reservas boscosas), esto con la finalidad de medir la capacidad de absorción de las concentraciones de carbono en la atmósfera.
Actualmente, nuestras emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) representan el 0,48% del total mundial; sin embargo, estamos en tercer lugar en Latinoamérica, de modo que somos uno de los países con mayor emisión de CO2 en la región, superados solo por México y Brasil.
A partir de la ratificación del Protocolo, el Estado venezolano implementó medidas para mitigar el efecto negativo de la contaminación, generada especialmente por la industria petrolera, implementando una serie de acciones tales como:
· Reforestar buena parte de las zonas boscosas del país, incluyendo Parques Nacionales y otras áreas naturales protegidas, a través de la denominada Misión Árbol.
· Invertir en compactadoras de basura y recuperación de vertederos.
· Eliminar el plomo en la gasolina para uso automotor.
· Reemplazar los bombillos incandescentes por los ahorradores de energía.
· Sustituir el uso de químicos en la producción agrícola por plaguicidas y fertilizantes biológicos.
Todas estas acciones han sido ejecutadas paulatinamente y, en algunos casos, no lo fueron de manera idónea, en especial por la falta de coordinación en su aplicación y por la tradicional inmediatez para "resolver" los problemas, así como por la ausencia de políticas preventivas que minimicen el impacto ambiental, como fue el caso de a fuerte sequía del 2009, la cual obligó al Estado a una fuerte campaña de concientización en la población sobre el uso de la energía eléctrica, dada la reducción, a niveles críticos, de algunas importantísimas represas, tales como Uribante (Táchira), La Estancia (Aragua) y en especial la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), casi tocando su cota mínima de funcionamiento. Estuvimos muy cerca de un colapso eléctrico sin precedentes.
La solución a corto plazo fue la implementación, a nivel nacional, de la denominada Misión Energética, lanzada con la finalidad de sustituir todos los bombillos incandescentes de las viviendas por bombillos ahorradores. Sin embargo, el problema implícito en esta acción es el derivado de la disposición final de estos bombillos, debido a su contenido de mercurio, un metal altamente tóxico que debe ser tratado de forma específica para evitar su dispersión aérea, filtración en los suelos y posterior contaminación de la atmósfera y de los acuíferos o fuentes de agua subterráneas.
La campaña de conciencia a través de los medios de comunicación reveló el derroche que se estaba produciendo por parte de la población en general, lo que llevó a la toma de drásticas medidas, incluyendo sanciones a los altos consumidores y racionamiento eléctrico en la mayor parte del Venezuela, además de la reducción de la jornada laboral en el Sector Público y el cierre de algunas empresas básicas, entre ellas la Siderúrgica del Orinoco. Según el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, cada habitante de nuestro país consume en promedio 4.126 Kwh; lastimosamente, ello nos coloca como el primero de los países de América Latina, en cuanto a consumo de energía. Lo anterior, aunado a un consumo diario de agua estimado en cuatrocientos (400) litros per capita, cuando el estándar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es ciento ochenta (180) litros diarios, nos muestra como una nación con escasa racionalidad en el uso de los recursos.
A partir de dichas cifras, se puede apreciar que Venezuela se posiciona como un país con alto consumo de energía eléctrica, así como de agua, al punto de alcanzar el grado de despilfarro. Adicionalmente, a nivel per capita nuestro país es el mayor generador de CO2 en nuestra región. Cada habitante de Venezuela produce anualmente seis millones de toneladas de CO2, generados en gran medida por la industria petrolera.
Veamos la distribución de emisión de CO2 en el país de acuerdo a su origen: la industria petrolera aporta 77%, la agrícola 14,9%, los procesos industriales 4,9% y la descomposición de desechos orgánicos 3,3%. A partir de estos datos, se observa que la realidad no es tan inocua como podría pensarse. Por cierto, el ex Ministro de Energía, Alí Rodríguez Araque, ha presentado una especie de justificación según la cual Venezuela no tiene mayor compromiso de contribuir con la reducción de emisiones de dióxido de carbono, debido a la cobertura de sus espacios boscosos (42% del territorio), los cuales supuestamente compensan la generación actual de CO2.
Tenemos entonces un grave problema representado por los altos consumos de agua y energía, una industria petrolera que nos convierte en el mayor emisor de CO2 per capita de Latinoamérica, la falta de implementación y uso de energías alternativas no contaminantes, y un Estado que con sus políticas inmediatistas justifica la falta de previsión para atacar los problemas ambientales. Todo esto nos hace concluir que el ingreso al Protocolo de Kyoto fue un saludo a la bandera y el compromiso para colaborar a mitigar el impacto ambiental sobre el planeta no ha sido más que parte de la efímera “moda verde”, que algunos gobiernos asumen nada más que para mejorar parcialmente la imagen, para nada correspondiente a lo que se hace en realidad.
Recientemente, el anuncio de un proyecto de construcción de viviendas en el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como El Ávila, mostraba una de las tantas contradicciones del Gobierno en materia ambiental. Aunque no se ha hablado más de ejecutar tal acción, el solo hecho de estimular la desafectación de los Parques Nacionales es una seria amenaza para todo el Sistema Nacional de Parques. Imaginemos por un momento patrimonios naturales como Canaima o Sierra Nevada desafectados para construir viviendas... ¿Acaso los bosques no cumplen una función fundamental en la absorción de carbono como para darnos el lujo de destruirlos?, o ¿será que en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) el interés económico priva sobre el interés ambiental?
Mientras tanto la población sigue desconociendo realidades, el Gobierno no se preocupa por presentar cifras verdaderamente auditables de sus políticas “ecologistas”, la colectividad no tiene en sus manos la capacidad contralora y los medios de comunicación no le dan a estos temas la importancia que tienen, por la convulsa dinámica política del país. Seguimos atrapados en la letanía de la desinformación. Cada ciudadano y ciudadana debe responsabilizarse de sus acciones, ya sea en su área profesional , o bien en su ámbito de acción dentro de las comunidades a las que pertenece. Evitemos aletargarnos en espera de acciones de terceros, nuestros representantes políticos deben cumplir con los designios populares, exijamos que esos designios se cumplan, para realizar los cambios necesarios que nos pide el planeta. Es urgente.
John Duque / Cristina Vaamonde Leáñez
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